El futuro del Imjuve

Poco revuelo parece haber causado la noticia de la resectorización del Imjuve a la STPS. No es para menos. La caída de su presupuesto en 63% desde el inicio de esta administración debilitó a una institución que, de por sí, gozaba de poca injerencia política. Los ajustes estructurales de la pesadilla neoliberal dejaron muy poco del otrora voluminoso CREA (Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud) y, desde entonces, el Imjuve ha tenido que enfrentar, cuando no su uso como botín político y/o mecanismo de cooptación juvenil, si la gradual disminución de sus capacidades físicas, humanas y financieras.

Sin embargo, pienso que la decisión, que no es menor, nos permite aproximarnos al estado actual de la política de juventud, identificando algunas de sus carencias y oportunidades. En primer lugar, me gustaría destacar cómo su salida del sector de Bienestar refleja las dificultades que este gobierno ha tenido para cristalizar uno de los objetivos más ambiciosos plasmados en su Programa Sectorial de Bienestar 2019-2014: la instauración de un esquema de atención social integral acorde al continuo de vida. Para organismos como la CEPAL , la aplicación de un enfoque de curso de vida en la definición de la política social es vital para avanzar hacia la universalización de sistemas de protección social anclados en el ejercicio de derechos. Sin embargo, este engarzamiento estratégico de programas acorde a las trayectorias biográficas de la población beneficiaria no se ha concretado y las etapas de la vida parecen seguir siendo atendidas en forma aislada y desarticulada.

En segundo lugar, confirma que, tras transitar de la SEP a SEDESOL y ahora a la STPS, la agenda joven sigue sin encontrar su lugar como eje programático transversal del Estado mexicano, debiendo adaptarse a las emergencias que la coyuntura económica, política y social amerite o, peor aún, convenga. Al respecto, vale la pena recordar la importancia de reconocer que la juventud no es sólo un grupo de población ubicada dentro de los límites de cierto rango etario, sino que constituye un periodo que todos experimentamos como parte esencial de nuestras biografías y que, por tanto, su desarrollo es atravesado, como la vida misma, por campos de toda índole, desde lo político y lo económico hasta lo cultural, lo social y lo sexual. Por esta razón, la agenda joven es incapaz de sujetarse a una sola órbita de intervención gubernamental y su atención integral requiere de la confluencia de esfuerzos, conocimientos y capacidades de todos los sectores.

Finalmente, destaco como su agrupación al sector que encabeza la STPS no ha implicado (al menos no todavía) su integración a la estructura orgánica de la Secretaría, como sí ocurrió con otros organismos como el INEEC y el IMTA, cuya extinción implicó el traslado de sus funciones y personal a la SEMARNAT y la CONAGUA, respectivamente. La preservación de su estatus como organismo descentralizado deberá permitirle al Imjuve seguir impulsando la generación de vasos comunicantes entre distintas entidades y dependencias que ayuden a afrontar en forma coordinada las principales problemáticas que afectan a las y los jóvenes. En tal sentido, la relativa autonomía que le brinda su personalidad jurídica será exigida como nunca antes. Resta, empero, conocer la manera en que la STPS buscará conciliar funciones tan laxas como las que recaen, de acuerdo a la ley que lo rige, sobre el Imjuve, con las responsabilidades puntuales que han caracterizado históricamente a esta dependencia. 

Con todo, confío que el arribo al Imjuve a la STPS ayudará a reconocer la aguda precarización de la inserción laboral y el empleo que enfrentan las y los jóvenes, agudizada tras la pandemia. Sobre esto, me permito compartir algunas cifras sobre los retos impostergables a los que deberá hacer frente el Imjuve, recuperados del CTI del SNIEG. La tasa nacional de desocupación en mujeres jóvenes (15 a 29 años) es casi el doble de la que registra la desocupación de mujeres económicamente activas (15 años en adelante). Por otro lado, el 54.5% de la población juvenil ocupada se encuentra en condiciones de informalidad laboral. Además, el último registro de la mediana de ingresos reales de las y los jóvenes ocupados, correspondiente al primer trimestre de 2020 (es decir, previo a la pandemia) era de $3,996 mensuales, casi 7% más bajo que la mediana general de personas económicamente activas. Así pues, informalidad, salario digno e inclusión laboral justa para las mujeres son, en opinión de un servidor, coordenadas imprescindibles en esta nueva etapa de gobierno.