La educación en disputa

En diciembre de 2018, a pocos días de iniciar su mandato como titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para cancelar la mal llamada reforma educativa promovida durante la administración de Enrique Peña Nieto por las cúpulas beneficiadas por la progresiva privatización de la educación perpetrada a lo largo del periodo neoliberal. Sin embargo, la iniciativa del presidente buscó ir más allá, pues planteó la institución de un nuevo modelo educativo que dejara atrás la educación basada en la supremacía de la evaluación individual y el desarrollo de competencias, para en su lugar adoptar un enfoque cimentado en la colaboración y la inclusión, el desarrollo comunitario y la conciencia social. 

Tras meses de intenso debate legislativo y una potente conversación pública sobre el sentido de la educación en tiempos de transformación del régimen, la propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de mayo de 2019 y avalada por el Senado de la República al día siguiente. El 15 de mayo del mismo año, en pleno día del maestro, se promulgó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para la Carta Magna en materia educativa. Entre los planteamientos más importantes de la reforma destacan: 1) un énfasis en la prevalencia de la rectoría del Estado en la educación; 2) la eliminación del esquema de evaluación punitiva contra los docentes, así como la extinción del INEE; 3) la incorporación de una perspectiva de género y un enfoque pluricultural y colaborativo para la definición de los planes educativos.

Aunque ríspido, la mayoría parlamentaria que mantenían en ese momento los partidos que integran la alianza Juntos Hacemos Historia (Morena-PT-PVEM) permitió que el proceso de dictaminación de la reforma fuese ágil. Sin embargo, la implementación de sus dictados por parte de la SEP ha demostrado ser mucho más complicada. Así, desde su publicación, la cristalización de los ideales planteados en la reforma han enfrentado diversos obstáculos que van desde la emergencia que supuso la pandemia de Covid-19 hasta la oposición que, hasta el día de hoy, mantienen en su contra grandes corporaciones privadas con intereses en el mercado editorial y educativo. Estas empresas y grupos de poder han llegado a infiltrarse en la SEP para frenar el proceso de transformación y, a la fecha, han impedido concretar los esfuerzos de edición de libros de texto gratuitos para el nivel secundaria.

Los notables esfuerzos emprendidos desde 2019 por la SEP y el equipo de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) para moldear la aplicación de éste nuevo modelo educativo, denominado como Nueva Escuela Mexicana, ya ha arrojado frutos capitales. Entre éstos, destaca la celebración de más de una decena de foros en distintos puntos del país con nutrida participación de personal docente, directivos y padres y madres de familia para definir, en clave de diálogo de saberes, la educación que necesitamos, así como el extenuante proceso de revisión y actualización de los contenidos de los libros de texto gratuitos que ha culminado en la impresión de millones de nuevos libros para estudiantes de escuelas primarias públicas. En ello, la DGME ha debido sortear más de una escaramuza con poderosos grupos editoriales e intelectuales orgánicos del viejo régimen, siempre anteponiendo el interés de la nación y la reivindicación de quienes habían sido históricamente excluidos. 

Sin embargo, también es posible advertir que el proceso de implementación de la reforma educativa de la 4ta Transformación se encuentra amenazado pues a pesar de los logros alcanzados para la actualización de los materiales educativos de nivel primaria, empresarios como Claudio X. González y trasnacionales como SM y Castillo siguen presionando a la SEP para retener contratos, determinar los contenidos y controlar la propiedad intelectual, de manera que sus intereses permanezcan intactos. En particular, han penetrado los procesos de toma de decisiones al interior de la secretaría para impedir que la transformación alcance a las escuelas secundarias, exigiendo que se mantenga el esquema de negociación para la compra de enormes cantidades de libros de texto a empresas privadas, menoscabando con ello no sólo la capacidad de edición e impresión de textos del Estado mexicano sino, sobre todo, el aprendizaje de millones de educandos.

Sin duda, la reforma educativa de 2019 constituyó una de las coordenadas más importantes del proyecto transformador encabezado por Andrés Manuel López Obrador. La promesa de la recuperación de la educación pública y de la creación de nuevo modelo educativo que correspondiera con los anhelos de justicia, inclusión, paz y bienestar que guían el nuevo proyecto de nación, en oposición a la educación bancaria y solipsista del modelo neoliberal, motivó en 2018, como lo sigue haciendo ahora, a millones de maestros, maestras, padres y madres de familia a respaldar y acompañar un giro de timón del régimen. Por esta razón, es responsabilidad de todos continuar apoyando los esfuerzos por recuperar la rectoría de la soberanía popular sobre la educación pública y arrancarla para siempre de las manos de la caterva de mafiosos que ven ella solo un jugoso botín patrimonial.