Al diablo con sus instituciones

El 5 de septiembre de 2006, tras la resolución del Tribunal Electoral Federal de otorgar al candidato panista Felipe Calderón el triunfo electoral en los comicios presidenciales celebrados ese mismo año, frente a un zócalo capitalino atiborrado por decenas de miles de simpatizantes, Andrés Manuel López Obrador profirió en tribuna, al referirse al pacto cupular a través del cual el conservadurismo buscaría legitimar su permanencia en el poder pese a los cuestionamientos del pueblo movilizado, una frase que lo acecharía en los años por venir: “al diablo con sus instituciones”. 

No hizo falta mucho tiempo para que, en sincronía casi orquestal, la industria mediática y la clase política de aquel entonces acometieran contra el tabasqueño, condenándolo por una frase que supuestamente lo retrataba como una figura violenta y anacrónica respecto a los alientos democráticos que, decían ellos, distinguían a la transición. Pese a ello, Andrés Manuel se mantuvo incólume en su postura y sobre los cimientos de esa infame derrota se construyó el movimiento social pacífico más importante en la historia reciente de nuestro país que culminó con la conquista del Ejecutivo federal y de la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión en los comicios federales de 2018. 

La frase, sin embargo, ha resistido el embate del tiempo y ha logrado permanecer en el debate público tanto como parte del arsenal de insultos y calumnias con que la derecha pretende denostar todos los días al Presidente, como tópico de debate en salones de clase, clubes de lectura y grupos de formación con posición de izquierda, desde donde se busca desenmarañar los nudos que implica el reto de transformar al país. Me parece que ha sido así por dos razones fundamentales:

La primera, porque desenmascara una de las más importantes conquistas del modelo neoliberal mientras éste mantuvo el timón del poder político en nuestro país. Y es que, más allá de la decisión que distinguió a la visión neoliberal de gobierno de adelgazar el aparato estatal en beneficio del desarrollo de la iniciativa privada, lo que en México se expresó en la extinción, desincorporación y remate de innumerables entidades y empresas mexicanas, tales como Teléfonos de México, paralela (e inadvertidamente) se fue construyendo un nuevo andamiaje institucional que gozaba de jugosos presupuestos y novedosos marcos jurídicos que lo mantenían al margen de la vigilancia y arbitrio del poder central. 

Así pues, en 1990 se crea al IFE (que se convertiría en Instituto Nacional Electoral en 2013), en 1993 se crea la Comisión Reguladora de Energía, en 1996 se crean el Tribunal Electoral del PJF y la Cofetel, la cual pasaría a convertirse en 2013 en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en 2002 se crea el IFAI (que en 2013 tomaría la forma de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), en 2005 se crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y en 2013 se crea la Comisión Federal de Competencia Económica, entre muchas otras instancias más. Todas estas instituciones dan cuenta de cómo, a lo largo de un periodo de veinticinco años, se conformó un nuevo marco institucional acorde con los valores y expectativas del régimen neoliberal. A éstas se refería López Obrador al hablar de “sus” instituciones. 

En segundo lugar, porque la frase supone una audaz invitación a imaginar un nuevo orden integrado por instituciones que siendo ya no suyas sino “nuestras” respondan cabalmente a las exigencias de bienestar, inclusión y justicia social que reclaman lo mismo el presente potencial que los sectores históricamente excluidos del país: jóvenes, campesinos, trabajadores en precariedad, migrantes, indígenas, etcétera. En tal sentido, la oración implica una posición crítica frente al orden político e institucional legado por el régimen neoliberal, reforzada por la conciencia que nos brinda la experiencia de sus efectos en la profundización de la alienación, la pobreza y la desigualdad que hemos sufrido en las últimas tres décadas. 

El desafío está abierto: ¿Podemos concebir nuevas formas para conducir la democracia, implementar el servicio militar, combatir la discriminación, impulsar precios justos, evaluar el desempeño de los gobiernos o garantizar el respeto a la Constitución?